En memoria del Gobernador: actos para la justicia colombiana

En memoria del Gobernador: actos para la justicia colombiana

Que la muerte de Luis Francisco Cuellar Carvajal es una gran infamia no cabe la menor duda. Que quienes han cometido el terrible crimen son una organizaci?n que pretende legitimar el terrorismo en propaganda trasnochada tampoco. De suerte pues que, siendo tan grave el hecho, fue relativamente f?cil para todos repudiarlo.

Y al repudio nos unimos, sobre todo si tenemos en cuenta que la v?ctima era Gobernador del Caquet? como miembro de la ASI. A su familia un sentimiento de solidaridad y, al pa?s todo, una exigencia de justicia. Vale la pena, sin embargo, ir m?s all? de los adjetivos que reclama el momento y analizar el hecho, el autor y algunas declaraciones que, de momento, pasan por valientes pero esconden una realidad insoslayable: son oportunistas.

El Gobernador, hombre sencillo y orgulloso de su origen, de maneras simples y sinceras, ha sido ejecutado extrajudicialmente luego de ser torturado. Por qu? el Ministerio de Defensa ?todo ?l- olvid? reforzar su seguridad aunque exist?a informaci?n confiable sobre un posible acto terrorista en ese departamento, no puede ocultar la responsabilidad ni la naturaleza del acto: ha sido la organizaci?n terrorista de las Farc la que, violando cualquier cantidad de normas del derecho internacional humanitario, se hicieron pasar por miembros de la Fuerza P?blica, lo que revela una actitud cobarde en un hecho tan vergonzoso, para despu?s torturar y asesinar a una persona convaleciente por una intervenci?n quir?rgica.

Se trat? de tortura, no quepa cuesti?n sobre esto, tanto por la finalidad, que fuera adelantar una operaci?n con fines de afectaci?n pol?tica, como por los medios, en los que se retuvo f?sicamente a una persona que, sabiendo que perder?a la vida, no pod?a hacer nada para evitarlo. La manera como le fuera arrebatada la humanidad ?degollado- s?lo puede dar luces de lo que sufri? Cuellar. La extraordinaria condici?n de Gobernador de la v?ctima no puede sino develar las maneras de una organizaci?n que se ha dedicado a la violaci?n en sistem?tica de toda la normatividad internacional sobre derechos humanos y derecho internacional humanitario.

No puede quedar en la impunidad este acto, y la leg?tima fuerza del Estado debe poner en marcha la m?s leg?tima acci?n contra la impunidad. Y sin embargo, debe este acto servir para algo m?s: exigir explicaciones sobre las actitudes de quienes algo han dicho frente a estos hechos, pero tambi?n a aquellos que han guardado sospechoso silencio por estos d?as. Gustavo Petro ha denunciado el acto y, en ejercicio de una ignorancia jur?dica candorosa, ha recomendado que el hecho sea denunciado ante la Corte Penal Internacional.

Que el acto sea violatorio de disposiciones de derecho internacional p?blico no da competencia a tribunales internacionales que, como se sabe, s?lo pueden actuar ante la inefectividad de los medios dom?sticos. Dice mucho que un candidato presidencial no conf?e en la institucionalidad colombiana como presunci?n, cuando pretende encarnarlas como ning?n otro funcionario en nuestro sistema constitucional pude hacerlo. Por supuesto que los entes internacionales deben actuar, pero en estricto apego al principio de subsidiariedad que los rige. El llamado pues, ha de ser, en primer grado, para el Ej?rcito, la Polic?a y la Fiscal?a.

Esperamos que no tenga que preocuparse por la justicia de este caso la comunidad internacional, que nuestro sistema responda con celeridad y con independencia. Y sin embargo, preocupa a?n m?s que la naturaleza del acto, terrorista por sus fines, no sea comunicable a sus autores. Se trata de un discurso que legitima al autor, por cuanto implica que hay actos terroristas que no son cometidos por terroristas.

Terrorista el acto y terrorista las Farc diremos nosotros. Pero, no se entiende, que se siga desafiando el sentido com?n: se denuncian selectivamente los hechos nugatorios de la divinidad humana. Pero entendemos por qu?. Hoy, cuando los vergonzantes hechos del Palacio de Justicia encuentran justicia parcial, nos cuentan que el M19 nunca responder? por aquellos hechos. A sus miembros los cobija un decreto de perd?n y olvido que esconde una realidad clar?sima: hay v?ctimas de primera y segunda condici?n en Colombia.

No nos confundamos con una raz?n simple: lo que califica al autor de unos hechos es la naturaleza del acto, no el discurso que lo soporta. La exigencia de justicia de todos los colombianos es igual por naturaleza y quienes fueron v?ctimas en aqu?l d?a lo fueron todos, con independencia de qui?n cometiera el acto. La moralidad y la coherencia demandan de la justicia la declaratoria de inconstitucionalidad, por ser violatorios de normas de derecho internacional, de indultos y amnist?as que impidan satisfacer la exigencia de verdad, justicia y reparaci?n de las v?ctimas de hechos violentos en Colombia.

Que la muerte del Gobernador sirva para superar el relativismo moral que afect? la pol?tica colombiana en estos a?os. Que quienes no han dicho nada, lo hagan, calificando el hecho y el autor con absoluta coherencia. Son golpes de opini?n las expresiones de aquellos que condenan el acto y no al autor, son oportunistas aquellos que condenan al autor de este hecho, pero no a todos los autores de hechos similares, y desprecian, por eso, a la condici?n de colombianos de algunas v?ctimas mientras exaltan otras.

Que descanse en paz el Gobernador y que no descanse el Estado en investigar y sancionar a todos los responsables de este acto atroz, pero que no lo haga tampoco en ning?n otro caso, pasado o futuro. Hay demasiado en juego y ha llegado la hora de actuar en consecuencia. La historia y la Naci?n lo reclaman.

FELIPE VIVEROS
Candidato C?mara de Representantes por Antioquia
ASI-108